La gobernadora de Panamá, Mayín Correa, emitió fuertes declaraciones en las que cuestionó la credibilidad de la ingeniera Annette Planells y de sectores vinculados al Movimiento Independiente de Panamá (Movin), al que señaló de haber sido creado con el objetivo de afectar políticamente al expresidente Ricardo Martinelli.
Correa aseguró que Planells, a la que describe como una "mandamás" en las reuniones de accionistas del diario La Prensa, ha perdido toda credibilidad y no podrá trabajar más en medios de comunicación.
Durante sus declaraciones, Correa también hizo referencia a presuntas actuaciones de empresarios, medios de comunicación, miembros del Órgano Judicial y periodistas, a quienes acusó de haberse prestado, supuestamente por intereses económicos, para construir un caso contra Martinelli. A su juicio, estas acciones habrían tenido como finalidad sacarlo del escenario político.
"Lo que me extraña a mí es que los abogados de Martinelli a esta hora no hayan anunciado la reapertura del caso para que se vean todas estas bellezas de maldad, de ilegalidades, de trampas, de invención, en todos los grupos estatales como el judicial y periodistas que se prestaron por plata, no fue gratis, para tener de víctima a un hombre que hizo un buen gobierno", subrayó Correa.
Recalcó que el pueblo panameño ya se dio cuenta de las patrañas que le hicieron a Martinelli para sacarlo del juego político porque él era un presidente seguro y no lo querían por miedo.
Asimismo, aseguró que la sanción principal contra estas personas ya se estaría dando en el plano de la opinión pública, al tiempo que mencionó la posibilidad de consecuencias diplomáticas.
La gobernadora dijo que cuando el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, habló del premio anticorrupción, es porque ya se lo quitaron, porque Planells no se lo merece: "Él representa al gobierno de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos", dijo.
En sus declaraciones, Correa también se refirió al papel de la diplomacia estadounidense, señalando que un embajador actúa como vocero de su gobierno y solo puede comunicar hechos previamente aprobados por este.
Por su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal se refirió al tema en X, donde defendió la propuesta de crear una comisión que investigue presuntos chantajes y extorsiones.
Según Bernal, la iniciativa ha generado "angustia en algunos sectores" que no estarían de acuerdo con su conformación. Aclaró que más allá de posibles sanciones penales, el objetivo principal sería que el país conozca quiénes se sostienen vulnerando principios éticos y morales.
Bernal subrayó que un Estado democrático se construye y fortalece con la verdad, y sostuvo que no debe haber espacio para que personas señaladas por prácticas corruptas pretendan erigirse como referentes de ética y civismo.
Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente la conformación de dicha comisión.
